jueves, 31 de diciembre de 2009

La fabulosa aventura de los hermanos Montgolfier

Hace más de 200 años, los hermanos Montgolfier se embarcaron en una curiosa aventura. En el último cuarto del siglo XVIII descubrieron que el aire caliente era menos denso que el aire frío. Si se lograba encerrar en una pequeña bolsa confeccionada a base de seda, el aire caliente ejercía un empuje hacia arriba que era capaz de levantar bastante peso.

Poco a poco fueron perfeccionando el invento hasta que construyeron el que sería el primer globo aerostático, de 13 metros de ancho y 21 metros de alto, con un volumen de 220 m3 y 500 Kg de peso, para lograr el primer vuelo de un ser humano el 21 de noviembre de 1783.

Con ese globo sobrevolaron la ciudad de París desde una altura de 1000 metros, recorriendo una distancia de 9 kilómetros.

Montgolfier

Para controlar la altura del globo, se calentaba el aire quemando paja. Para que el globo subiera alto, muy alto, se soltaba el lastre.

Y esa es la fabulosa historia de los hermanos Montgolfier.

Feliz 2010.

lunes, 28 de diciembre de 2009

lunes, 21 de diciembre de 2009

A lo grande

Hoy el invierno ha llegado, y vaya si lo ha hecho, ¡a lo grande! ¡Nieve, nieve!

miércoles, 9 de diciembre de 2009

Monos malvados

El mundo de la TV y el cine ha tenido sus personajes malos. Pero los más malvados, los que ponen la carne de gallina, son los monos. A saber:

Monos malvados

El Mono Malvado del Armario, que aterroriza a Chris Griffin en la serie Padre de Familia.

Monos malvados

El doctor Zaius, científico simiesco en el Planeta de los Simios, que esclaviza a la humanidad y baila breakdance en los musicales de Broadway.

Cuidado si os cruzáis con alguno de estos monos, estáis a tiempo de huir.

lunes, 7 de diciembre de 2009

La ley de la patada en el router

El abogado David Bravo ha publicado en su blog una reflexión que reproduzco aquí íntegramente por lo brillante y acertada que me ha parecido. No tiene desperdicio.

En el año de 2006, con la redada a páginas de enlaces, se produjo la que, según los medios de comunicación, fue la operación más importante contra la piratería en toda Europa. Poco después de las detenciones fueron muchos los que brindaron con champagne: los medios de comunicación escribían editoriales titulados “Piratas en la Red” y la por entonces Ministra de Cultura, Carmen Calvo, aparecía fotografiada junto a miembros de la policía y algunos artistas con gesto triunfal. La euforia era tan desmedida que la Federación Antipiratería condecoró a la brigada que realizó la operación y ACAM publicó una lista de “páginas desde las que se delinquía”, relegando el papel de los jueces a una cuestión de puro trámite y considerando que su labor se reducía a graduar la mayor o menor intensidad de una pena que se creía ineludible.

Nunca lo hemos contado, pero cuando Javier de la Cueva y yo acudimos al juzgado a la declaración de los imputados en el caso Sharemula, salimos de allí asombrados por la actitud de los que se sentaron en el estrado de enfrente: un abogado y dos abogadas que, literalmente, se reían de las respuestas de nuestro defendido y que se despidieron de nosotros con cara de haber presenciado un patético espectáculo de excusas desesperadas y estrafalarias. Después de aquello no volvimos a verlos porque los dos imputados en ese caso no tuvieron que regresar más al juzgado: el Juez decidió archivar directamente el asunto al considerar que la actividad denunciada no era delictiva. En el mismo sentido se pronunciaron diversos juzgados de diferentes ciudades de todo el país y, ante el fracaso de esta vía penal, se probó suerte en la civil. La última resolución en esta vía puede dar una idea del grado de frustración de la industria y del Ministerio de Cultura: el juzgado ordena reabrir dos páginas de enlaces a redes P2P condenando en costas a SGAE y, como guinda, multándola a ella misma por mala fe en su solicitud de cierre.

Para encontrarle una explicación, es en este contexto en el que debe analizarse la reforma incluida en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y que pretende apartar a los jueces para que ahora sea una comisión del propio Ministerio de Cultura -aquél que aplaudió las detenciones- el que decida sobre la licitud o ilicitud de estas páginas webs.

Aunque el puzle tiene sólo dos piezas y es fácil de encajar para cualquiera que no escriba editoriales en El Munto y El País, los abogados de la industria se están encargando de aclararlo mejor. Marisa Castelo, abogada que no hace mucho dijo que si el modelo en el que se basa el fenómeno de las descargas sigue degenerando ve "a la gente asaltando los concesionarios de coches", dio hace pocos días una entrevista online en ABC donde puso las cartas sobre la mesa. Tras defender a ultranza esta reforma y, ante la pregunta de si se “ganan muchas demandas por violaciones de propiedad intelectual en internet”, la letrada contesta: “has dado en el clavo :-)” (con smiley en el original). Es decir, el quid de la cuestión de esta reforma se encuentra en que la industria no está ganando muchas demandas (de hecho, en casos de páginas de enlaces han ganado un total de cero) y de ahí la necesidad de una ley cuyo objeto no es otro que trasladar el poder de decisión de los jueces al Ministerio de Cultura. En palabras de la abogada “la necesidad de esta reforma surge sencillamente de que no se está aplicando el Código Penal de manera correcta”. O lo que es lo mismo: como los jueces no interpretan las leyes como lo hace la industria y sus representantes del Ministerio, es necesario quitarlos del medio. Tras perder varios partidos seguidos, le dicen al árbitro “mejor deme a mí el silbato, que ya me encargo yo de ésto”.

Sólo un país inmerso en la más absoluta mediocridad moral e intelectual puede no llevarse las manos a la cabeza ante la posibilidad de que un órgano administrativo decida atribuirse la potestad de calificar una conducta como ilícita sólo porque los jueces no la consideran como tal. Hoy el Gobierno ha decidido que los jueces se han equivocado con su calificación de las páginas de enlaces de modo que, en adelante, deben encargarse ellos mismos directamente. Mañana, ¿qué será? ¿Qué puerta se está abriendo con esta propuesta?

Estoy hablando de páginas de enlaces pero, en puridad, la reforma no les atañe sólo a ellos. El tenor literal del texto de la reforma es mucho más amplio y señala directamente a toda aquella página web que obtenga algún rendimiento económico, por pequeño que sea, y que pudiera estar vulnerando algún derecho de propiedad intelectual: un blog con publicidad que suba una foto sin permiso o que haga una cita que no encaja exactamente en el derecho de cita, estaría en el punto de mira.

Mientras esto sucede, algunos "opinadores" profesionales de los medios de comunicación, incapaces de darse cuenta de que ellos son uno más de los muchos afectados, caricaturizan esta protesta dibujándonos como niños llorones que queremos descargas gratis, y ello por desconocer que esta reforma ni siquiera ataca directamente a las descargas. Lo que aquí está en juego es lo suficientemente grave como para que se rechace incluso por los que están contra las descargas y con independencia del signo político de cada cual, y es que se trata de dar el visto bueno a que un gobierno pueda arrancar de las manos a los jueces determinados asuntos sólo porque las decisiones que estaban adoptando no les gustan. Y no sólo eso, si la reforma termina cristalizando en una ley real se abre además otra puerta peligrosa: permitir que un órgano administrativo cierre páginas molestas en función de lo que éste considere que es una infracción de propiedad intelectual. De poco sirve la garantía de que la ley diga que en casos en los que el cierre afecte a la libertad de expresión será un juez el que decida, y para comprender la falta de solvencia de esa garantía basta con recordar las espeluznantes palabras de la Ministra de Cultura a este respecto: "la intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, pero será la Comisión [del Ministerio de Cultura] quien valore esa opción". O lo que es lo mismo, una vez iniciado el procedimiento será el propio Ministerio de Cultura quien decidirá, caso por caso, sobre su propia competencia y sobre la necesidad de que un juez intervenga o no.


Más allá de lo acertadísimo de sus palabras, me ha encantado esta frase:

Aunque el puzle tiene sólo dos piezas y es fácil de encajar para cualquiera que no escriba editoriales en El Mundo y El País


Por fin alguien que se da cuenta que ambos medios están al mismo nivel en cuanto a catadura moral, línea editorial "interesada y maniquea" y servilismo para unos intereses particulares que no tienen nada que ver con los intereses de la gente normal que los lee.

Encuentra las siete diferencias

Es lo que hay por estas latitudes...

miércoles, 2 de diciembre de 2009

En defensa de los derechos fundamentales en Internet

Durante estos días se está propagando por la red hispana un manifiesto al cual me adhiero.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red, en España ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Se ha publicado en multitud de sitios web. Si estás de acuerdo y quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

Aparte de este manifiesto, en los últimos días la posición de los ladrones, titiriteros y vividores de la sopa boba se está volviendo cada vez más radical e intransigente. Aparentemente Ana Belén y Victor Manuel se han quedado sin gasolina para su Rolls Royce, Pilar Bardém está cansada de buscar restos de comida en los contenedores de basura, Ramoncín está aburrido de comer pollo frito todos los días, Loquillo no gana para gomina, a Aute se le van los euros en crecepelo, y a Antonio Carmona no le llega la pasta para pagarse la clínica de desintoxicación. ¿Qué hacer? Pues ir a lucirse ante el ministerio de Industria, Turismo y Comercio para mearse en las esquinas y aprovechar la lamentable e infinítamente penosa línea editorial de los medios de información serviles para hacer propaganda -en el sentido Goebbeliano del término- para conseguir que sus amigüitos del gobierno legislen a su favor y en contra de la gente, quitándonos derechos contemplados en la legislación actual. ¿El resultado? Titulares que provocan la vergüenza y la náusea a partes iguales:

"En cinco años esto desaparece. No habrá ni canciones ni música"

Alucinante. Perdónenme queridos lectores, pero tengo que ir a vomitar.